El ejemplo del coche compartido es tal vez el más fácil de entender: a través de una plataforma online (BlaBlaCar es la más famosa en España) el conductor que va a hacer un trayecto con su vehículo ofrece a un determinado precio las plazas que le quedan libres, de tal forma que otros usuarios pueden reservar su asiento en el viaje. Son particulares compartiendo gastos, pero la empresa cobra una pequeña comisión por su labor de mediación, por ponerles en contacto.
Pero este es sólo el caso más conocido y fácil de entender de eso que se ha dado en llamar economía colaborativa y cuya cifra de negocio se calcula que alcanzará los 335.000 millones de dólares en 2025, según la consultora PwC. Otros estudios calculan que un 53% de los españoles estaría dispuesto a compartir o alquilar sus bienes en un escenario con ciertas garantías. Un porcentaje muy alto que muestra una disposición positiva hacia este nuevo entorno de consumo.
Una cosa es que haya un público dispuesto a abrazar este nuevo universo y otra cosa bien distinta es que el marco regulatorio lo permita. Los polémicos casos de Über y Airbnb, que han puesto en pie de guerra a taxistas y hoteleros respectivamente, demuestran que estos mercados aún pisan aguas pantanosas.
Precisamente por eso una treintena que operan en España constituyeron hace poco más de un año Sharing España. Se trata de un colectivo específico dentro de la Asociación Española de la Economía Digital que se centra en “analizar y divulgar el impacto que la economía colaborativa y los modelos de negocio ‘peer to peer’ tienen en el desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad y el crecimiento”.
La mayor parte de los miembros de esta organización operan en esos dos subsegmentos (transporte y alojamiento), pero también hay muchos más como servicios de limpieza a domicilio (GetYourHero), bancos de tiempo (Etece), alquileres puntuales de espacios industriales y comerciales (PopPlaces), entre otros. Si algo ha demostrado el entorno de la economía colaborativa es que es imaginativo e innovador.
No son sus únicas virtudes. La economía colaborativa presume de ahorrar gastos al consumidor, de optimizar la utilización de los recursos y de reducir el impacto ambiental, porque se necesitan menos unidades de cada producto para cubrir toda la demanda.
Pero también genera dudas: ¿es capaz de acabar con los sectores del transporte y el alojamiento con la consiguiente pérdida de empleos? ¿Supone una precarización de los servicios que se prestan? ¿Puede quedar desamparado el consumidor en caso de conflicto? Las instituciones reguladores trabajan para poner orden en un fenómeno nuevo y al alza cuya actividad aún está en pañales.
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